El dilema Urribarri: aislado, bajo amenazas y en un pabellón con asesinos y abusadores en Gualeguaychú
TENSIÓN EN EL PENAL N°9
La llegada del exgobernador alteró el clima en la Granja El Potrero. Convive en un pabellón de mayores de 60 años con 19 internos condenados por crímenes violentos y abusos sexuales. Gritos, pedidos de dinero y riesgo latente. La defensa expondrá la situación ante la Justicia el próximo 24 de septiembre.
PARANA – ¿Qué hacer con Sergio Urribarri? Esa es la pregunta que hoy desvela al Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Desde el viernes 11 de septiembre, el exgobernador cumple su condena a 8 años por peculado y fraude en la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero, en Gualeguaychú. Fue alojado en un pabellón para mayores de 60 años, que las autoridades consideraron el lugar más seguro dentro de un sistema carcelario con falencias históricas.
Pero con el correr de los días, lo que debía ser una solución se convirtió en un nuevo problema.
Según pudo saber ANÁLISIS DIGITAL, el clima en la cárcel cambió por completo. Urribarri quedó aislado por decisión propia para evitar conflictos: cuando sale al patio, su sola presencia desata hostilidad, gritos, amenazas y exigencias de dinero y comida desde todos los sectores del penal, que aloja a más de 600 presos.
Incluso dentro de su pabellón sufrió situaciones tensas: le revolvieron pertenencias y recibió pedidos insistentes sobre su patrimonio.
Un pabellón de alto riesgo
El sector donde está Urribarri fue diseñado para 14 personas y hoy aloja a 20. Las celdas, pensadas para una persona, son compartidas por dos. El régimen es abierto: las puertas no se cierran con llave ni de noche y hay poca presencia penitenciaria.
Y allí convive con un perfil de internos extremadamente complejo:
En la celda lindera está Oscar Siboldi, condenado a 21 años por el triple crimen de Bajada Grande de 2019. A pocos metros, Manuel Miranda, condenado por asesinar de 25 puñaladas a un hombre en Colón. También Edgardo Vallaro, condenado por facilitación de prostitución de menores y que ya sumó otra causa por atacar a tres penitenciarios dentro de la cárcel.
En el mismo pabellón están además Julian Retamal, con múltiples condenas por robo calificado con armas, y José Ahumada, condenado por amenazas y lesiones.
El resto del pabellón lo componen en su mayoría condenados por delitos sexuales agravados contra menores de edad, varios con cuadros psiquiátricos y conductas inestables. Entre ellos, el exintendente de Gilbert, Ángel Constantino, condenado a 14 años por abuso sexual, y Armando Morinigo, pastor evangélico de Chajarí condenado a más de 20 años por abusos reiterados contra miembros de su congregación.
Fuentes penitenciarias consultadas por ANÁLISIS admiten que varios internos requieren atención psiquiátrica que se niegan a recibir, y que la situación “da para que pase cualquier cosa”.
De hecho, los únicos internos no condenados por hechos violentos en ese pabellón son el abogado Pedro De la Madrid (estafa), el exministro Pedro Báez, el exfuncionario Juan Pablo Aguilera y el propio Urribarri, todos por corrupción.
La audiencia clave
La situación será expuesta el próximo jueves 24 de septiembre en una audiencia de conocimiento ante la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora.
La defensa de Urribarri, a cargo de Miguel Cullen y Leopoldo Cappa, planteará que existe un agravamiento de las condiciones de detención y que no se están garantizando las condiciones mínimas de seguridad para cumplir la pena.
Acompañarán un informe del psiquiatra Julio Curotto y remarcarán que Urribarri no pide privilegios, sino cumplir su condena sin riesgos adicionales para su integridad física.
“No sabemos qué puede pasar si se cruza con otros internos”, admitió ante ANÁLISIS el director del penal, Lucas Dufour.
Por lo pronto, Urribarri permanece todo el día dentro de su celda, sin acceso a los talleres de huerta y avicultura ni a la cancha de fútbol que tiene la granja. Un aislamiento obligado por la tensión que generó su sola presencia.
La condena actual termina en julio de 2034, pero aún afronta otras dos causas: enriquecimiento ilícito, con pedido de 5 años y 6 meses, y la causa coimas, con pedido de 10 años.
El problema de qué hacer con el exgobernador, advierten en el sistema penitenciario, recién empieza.
