El Gobierno nacional evalúa reabrir las paritarias o acordar el pago de un bono

La urgencia por descomprimir los conflictos callejeros y ofrecer alternativas para atenuar la caída sin freno del peso abrió un nuevo debate en la cima del Gobierno. Se evalúan ahora nuevas medidas, al margen del paquete anunciado por el presidente Mauricio Macri tres días después de la derrota en las PASO, que contempló un desembolso de $40.000 millones, entre mejoras salariales, aumentos a beneficiarios de planes sociales y exenciones para pequeñas y medianas empresas.

Las iniciativas que están en evaluación consisten en la posibilidad de reforzar la ampliación de las partidas presupuestarias para los comedores barriales y habilitar la revisión de las paritarias o la cesión de un bono no remunerativo para trabajadores registrados. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales y sindicales.

A la espera de que la economía muestre señales de estabilidad, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, tiene en carpeta avanzar en la ampliación o reasignación de partidas presupuestarias para los comedores barriales, aseguran con mesura fuentes oficiales.

Stanley recibirá este lunes a la cúpula de la CGT, que articuló en tándem con los movimientos sociales y con sectores de la Iglesia para reclamar la semana pasada que se decrete la emergencia alimentaria. Los gremios pedirán que se aumenten los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares, a pesar de haber sido ya abarcados en los anuncios post-PASO.

En paralelo, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explora un acuerdo con empresarios y gremialistas para revisar los acuerdos paritarios o para habilitar un bono no remunerativo para morigerar la inflación, que podría cerrar el año con una marca superior a la de 2018, que fue de 47,6%, según proyecciones privadas. El pago extra o la revisión de los acuerdos salariales se concretarían después de precisar la inflación de agosto y septiembre. No antes.

«Si, en el peor de los casos, la inflación de agosto y septiembre suma 10 puntos, recién entonces se abrirán las paritarias o el bono. No todos los sectores lo podrán afrontar. No queremos causar un estrés financiero en rubros que no están bien», evaluó un funcionario acostumbrado a administrar crisis.

Canal de diálogo

El miércoles a la noche, mientras los piqueteros instalaban un acampe en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, se reabrió un canal de diálogo con la cúpula de la CGT para que oficie de intermediaria entre los movimientos sociales y el Gobierno.

Héctor Daer, uno de los jefes de la central obrera, negocia a dos bandas medidas paliativas para los trabajadores registrados, sus representados, como para el universo de beneficiarios de planes sociales.

Sin ánimo de sembrar desconfianza con los gremios, un referente social condicionó el curso de la negociación a que en la mesa de decisiones se siente uno de ellos. Ese lugar podría ser para Esteban Castro (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular-CTEP), Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista Combativa-CCC) o Daniel Menéndez (Barrios de Pie).

Ellos son los interlocutores habituales de Stanley y entre sus agrupaciones suman más de 250.000 militantes en todo el país. Pero podría sumarse un cuarto sector, ya que el acampe de la semana pasada estuvo motorizado por el Polo Obrero y otras agrupaciones que no siempre articulan con el denominado «triunvirato San Cayetano». El Polo Obrero y sus aliados pretenden redoblar su apuesta y prevén una nueva movilización con acampe para el miércoles que viene.

Una fugaz alianza entre los movimientos sociales y la CGT sirvió en 2016 para empujar en el Congreso la ley de emergencia social, que dio origen al salario social complementario, un auxilio adicional para trabajadores informales. La crisis actual, ahora con la bandera de la emergencia alimentaria, reavivó aquella alianza, que se había desvanecido por el alejamiento de Juan Carlos Schmid de la conducción cegetista.

En el Congreso existen hoy cinco proyectos sobre la emergencia alimentaria y la oposición podría unificarlo en uno solo. La iniciativa de los legisladores contemplaría un gasto de $8000 millones. En lo que va de 2019, el Gobierno ejecutó $10.258 millones en políticas alimentarias, según se refleja en www.presupuestoabierto.gob.ar.

«La situación de calle en la que han caído muchos compatriotas, las dificultades para alcanzar niveles de alimentación básica y nutricional de millones niños y adultos mayores hoy se expresa con severidad y dramatismo«, expresó la CGT en su carta a Macri. Desde hace meses, algunos gremios de la central obrera destinan recursos para financiar comedores o directamente montaron comedores propios o ambulantes, en los que no es requisito ser parte de la organización para hacerse de un plato de comida.

«Tenemos que resolver lo del hambre ahora, en esta gestión. No hay que esperar. Es prioridad», dijo un jerárquico de la CGT que este lunes se sentará cara a cara con Stanley y Sica. Y añadió: «También es prioridad lograr una recomposición salarial para los nuestros. Puede ser un bono de $3000 o $3500 o adelantar las cláusulas de revisión de las paritarias».

En los pasillos gremiales se habla del «bono primavera«. Se trataría de un pago extra no remunerativo para los trabajadores bajo convenio, un pacto similar al que se selló con el Gobierno en 2018 para evitar una reapertura generalizada de las paritarias.