Los registros de salud que le faltan a la Policía de Entre Ríos: no sabe de qué mueren ni de qué se enferman sus agentes
Imagen de archivo.
INVESTIGACIÓN | ENTRE RÍOS
La fuerza tiene más de 10.300 efectivos y más de 1.300 en dependencias rurales, en zonas donde más se fumiga. Sin embargo, no registra la causa de muerte, no sabe cuántos tuvieron cáncer, no hace estudios de detección y suspendió los controles médicos durante cuatro años.
Por Redacción Infopaer – Fuente: Análisis Digital / Daniel Enz
LA PAZ / PARANÁ – La Policía de Entre Ríos entregó dotación, fallecimientos, trámites de retiro, denuncias ante la ART y un relevamiento comisaría por comisaría. Y en ese mismo expediente reconoció lo que no tiene: un sistema para saber de qué se enferman y de qué mueren sus policías.
El expediente es el RU N° 3473264. La información fue entregada en dos respuestas oficiales, el 22 de octubre y el 18 de noviembre, firmadas por la comisario general Fabiola Andrea Butala Farber, directora general de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico.
La pregunta que quedó sin responder
El pedido, presentado el 18 de septiembre, era estadístico y sin nombres: cuántos agentes tuvieron diagnóstico oncológico entre 2016 y 2025, cuántas licencias de largo tratamiento se otorgaron por cáncer, cuántos policías murieron y por qué causa, y cuántos se retiraron por incapacidad.
La Junta Médica Superior respondió que no tenía registro de personal bajo seguimiento por patologías oncológicas “originadas por la exposición a productos agroquímicos”. La División Administración de Recursos Humanos contestó en el mismo sentido.
Nadie le había pedido que probara un vínculo con agroquímicos. Solo los números.
En la ampliación, la Junta Médica lo dejó aún más claro en su Nota 259/26: “no obran registros, ni estadísticas en esta División sobre la cantidad de funcionarios con diagnósticos oncológicos o con licencias por largo tratamiento”.
Es decir, el organismo que dictamina cada licencia larga de una fuerza de diez mil personas no puede decir cuántas fueron por cáncer. No porque sea secreto, sino porque nadie lo junta.
Controles sin detección de cáncer
El Servicio Médico Sanitario ya había reconocido que no tiene área de Oncología, que nunca hizo un estudio de morbilidad o mortalidad del personal y que la historia clínica digital, el sistema SADER, recién empezó a funcionar en 2025.
En noviembre, la licenciada Marianela Borghello detalló en qué consisten los controles periódicos: signos vitales, tensión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y una entrevista para detectar hipertensión, obesidad o diabetes.
“No se realizan estudios específicos de detección” de cáncer, “ni en el marco de los controles médicos habituales ni como parte de campañas de prevención”, escribió.
Además, reveló que entre 2017 y 2020 esos controles directamente no existieron: fueron suprimidos por la Resolución D.P. N° 2265/17 y se retomaron en 2021. Fue durante la gestión de Gustavo Bordet, con Gustavo Maslein como jefe de Policía.
Tampoco hay un registro consolidado de cuántos controles se hicieron cada año.
153 muertes sin causa registrada
La fuerza se mantuvo estable en la década: 10.537 agentes en 2016, 9.987 en 2021 y 10.347 en 2025.
En ese período murieron 153 policías en actividad: 19 en 2016, 14 en 2017, 18 en 2018, 7 en 2019, 16 en 2020, 24 en 2021, 16 en 2022, 18 en 2023, 11 en 2024 y 10 en 2025. En su mayoría hombres, de entre 41 y 55 años.
El promedio es de 1,5 muertes cada mil agentes por año. El pico de 2021 coincide con el año más duro de la pandemia. Pero es solo una coincidencia de calendario: la planilla no dice de qué murió nadie*. Recursos Humanos lo aclaró: la causa de muerte no se registra.
Sin esa columna, no hay forma de saber si en una fuerza de diez mil personas el cáncer pesa más o menos que en el resto de la población.
El salto de los retiros por invalidez
La División Bienestar Policial aportó otro dato llamativo: desde 2018 se iniciaron *85 trámites de retiro obligatorio por invalidez*. De 2016 y 2017 no hay datos.
La curva no es pareja: 1 en 2018, 1 en 2019, 3 en 2020, 3 en 2021, 1 en 2022, 8 en 2023, 33 en 2024, 23 en 2025 y 12 en lo que va de 2026.
Más de la mitad de todos los trámites se iniciaron en los últimos dos años completos. La planilla no explica el salto. Puede responder a un cambio en la salud del personal o a un cambio en la forma de registrar o tramitar. La Policía todavía no lo contestó.
La mayoría tenía entre 40 y 49 años al iniciar el trámite: 49 de los 85. Paraná reúne 32 casos, La Paz 8, Operaciones y Seguridad Pública 7, Concordia y Gualeguaychú 6 cada una, y Prevención de Delitos Rurales 5.
De los 85, solo 6 terminaron con retiro o decreto. En 28 la Caja de Jubilaciones emitió dictamen denegatorio. Diez terminaron en baja por cesantía y varios fueron reintegrados. La mayor parte sigue como “iniciado”.
Y un solo caso aparece con causa oncológica: una agente de 49 años de Paraná, con cáncer de mama en tratamiento, que inició el trámite en 2026.
Eso no significa que haya habido un solo policía con cáncer en diez años. Significa que, en la única planilla donde la causa quedó escrita, solo una vez se escribió esa palabra.
Las denuncias ante la ART
La División Higiene y Seguridad informó que la ART es la de IAPSER, con contrato vigente desde el 1 de abril de 2005, y entregó el total de denuncias por enfermedad profesional, por cualquier causa, entre 2016 y 2025: 167.
La distribución está marcada por la pandemia: 1 en 2016, 1 en 2017, 6 en 2018, 4 en 2019, 69 en 2020 y 53 en 2021, y después 7, 8, 6 y 12. Los años 2020 y 2021 concentran 122 denuncias, en coincidencia con el decreto nacional 367/2020, que presumió al Covid-19 como enfermedad profesional para trabajadores esenciales.
La planilla no indica de qué enfermedad se trata, por lo que esa lectura es una hipótesis que la propia Policía debería confirmar. Fuera de esos dos años quedan 45 denuncias en ocho años. Ninguna, según la respuesta de octubre, relacionada con agroquímicos.
¿Comisarías como áreas sensibles?
En la primera respuesta había quedado una contradicción: Higiene y Seguridad sostenía que la Policía no tiene protocolo de exposición a agroquímicos porque no tiene “puestos de trabajo relacionados a la agricultura”.
En el mismo expediente, Bomberos Zapadores recordaba que la Resolución Conjunta 1/2018 considera a los puestos policiales “áreas sensibles con asentamientos de personas”, con franja de exclusión de 100 metros para aplicación terrestre y 200 para la aérea.
Ante la pregunta de si la Policía comunicó la ubicación de sus dependencias rurales como áreas sensibles, el inspector Pedro Sebastián González, de Bomberos, respondió que “se desconoce”. Agregó que, según la Ley provincial 11.178, ese requisito sería “sólo para los establecimientos educacionales”.
Bomberos tampoco tiene registro de avisos previos de fumigación cerca de comisarías, ni sabe cuántas actuaciones se iniciaron por aplicaciones en inmediaciones de un puesto policial.
Más de 1.300 policías en el campo
La Dirección de Delitos Rurales informó 28 brigadas, que pasaron de 373 agentes en 2016 a 450 en 2025. Las comisarías de campaña de la costa del Paraná sumaron 531 en 2025, y las de la costa del Uruguay, 380.
En total son unos 1.360 policías en dependencias rurales, más que los 1.170 que la misma institución había informado en octubre. La diferencia no está explicada.
La Paz pasó de 30 a 46 agentes rurales en la década. Otras jefaturas muestran saltos difíciles de entender, como Victoria, que va de 25 a 43, vuelve a 24, sube a 47 y termina 2025 con 22.
En octubre, el cruce de esa nómina con las recetas agronómicas mostraba que varias comisarías están en localidades con más fumigaciones recetadas de la provincia. Que esos agentes estén expuestos es una inferencia razonable por geografía. Que esa exposición los haya enfermado es algo que nadie puede afirmar con estos datos, entre otras razones porque la Policía no registra de qué se enferman.
Actas que no coinciden
El otro capítulo es el de las actas por fumigaciones. En octubre, Delitos Rurales había informado 224 actas por plaguicidas entre 2020 y 2026 y ninguna entre 2016 y 2019. Comparadas con las constataciones de la Dirección de Agricultura, las cifras no coincidían en ningún año.
La respuesta de noviembre no resolvió la diferencia. Delitos Rurales dijo que de 2016 a 2019 “no se tiene registro” y que las actas se remiten a Agricultura, “desconociéndose su continuidad administrativa”.
La Secretaría General pidió entonces a cada jefatura que revisara sus registros. El resultado fue desparejo: Colón, Gualeguaychú, Federal, Concordia, Federación, Islas del Ibicuy, San Salvador, Feliciano y Villaguay informaron que entre 2016 y 2026 no hay ninguna actuación por agroquímicos. Tala contestó que no registra intervenciones entre 2016 y 2025, pese a ser el departamento con la mortalidad por cáncer más alta de la provincia.
Si se suman todas las actuaciones que las jefaturas detallaron, no llegan a cuarenta en once años. Delitos Rurales dice haber labrado 224 en siete. Y Agricultura tiene sus propias cifras, distintas de las dos. Tres registros del mismo Estado para el mismo fenómeno, y ninguno que coincida con otro.
Lo que todavía falta
Quedan pendientes los datos de Finanzas sobre hijos con Certificado Único de Discapacidad, que exigen revisar legajo por legajo en papel, y los controles médicos de 2026, que terminaban el 20 de noviembre. También falta explicar por qué los trámites de retiro por invalidez se multiplicaron en 2024 y qué pasa con las actas que la Policía labra y que, según su propia admisión, nadie sigue después de entregarlas.
Ninguno de estos números prueba que la exposición a agroquímicos haya enfermado a un solo policía. Lo que muestran es otra cosa, quizá más grave: que la institución que más gente tiene apostada en el campo entrerriano no tiene manera de saberlo.
Fuente: Investigación de Daniel Enz, publicada en Análisis Digital. Expediente RU N° 3473264.