Tres funcionarios nacionales obligados a pensar en irse a vivir a otro país

Tres funcionarios que fueron claves para Mauricio Macri no descartan dejar el país si gana la oposición, bajo el argumento de que sus vidas corren peligro por el rol que tuvieron durante estos más de tres años. A los tres los une un sinsabor: se sienten decepcionados. Aseguran que el Gobierno les soltó la mano y que nadie los llamó después del fatídico 11 de agosto de las PASO, para darles tranquilidad. Para peor, están convencidos que a partir del 10 de diciembre, si Macri se va a la casa, habrá una embestida hacia ellos desde los sectores con quienes “se metieron”, judicialmente, en sus respectivas gestiones.

La responsable de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, saben que sus vidas no serán las mismas si la tendencia electoral se confirma el 27 de octubre. En otros países, hubieran tenido fueros. Aquí el Gobierno nunca pensó en eso.

En agosto de 2016 Macri presentaba junto a Bullrich el programa “Argentina sin narcotráfico”. “Tenemos que ganar esta guerra” contra los narcos, se envalentonó. Los números oficiales dicen que en tres años (2016-2018) hubo 63.296 detenidos por narcotráfico y 58.615 procedimientos por parte de las fuerzas federales. Si se actualizan los datos con el 2019, la cantidad de detenidos por delitos vinculados a las drogas equivaldría al estadio de River Plate, colmado.

“Yo y mi familia nos quedamos sin custodia el 10 de diciembre y nadie me dijo nada”, disparó Bullrich, preocupada, en una reunión con sus colaboradores. Si Macri no reelige, la abanderada del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico pasará a ser el 11 de diciembre una ciudadana más.

En su informe de gestión ante el Congreso, la UIF a cargo de Mariano Federici expuso los resultados de su labor. Fue querellante en 156 causas por lavado de activos y logró el congelamiento administrativo de fondos depositados en el exterior, cuyos titulares son personas imputadas. La Unidad de Información Financiera logró que los jueces inmovilizaran fondos por más de $519.500 millones. Muchas de las investigaciones están vinculadas a ex funcionarios y empresarios kirchneristas.

De los tres funcionarios, quizás Federici –que tiene mandato hasta enero- es el que más avanzó en su futuro fuera del país. Tal como lo adelantó Clarín, el 4 de julio pasado fue elegido para presidir el grupo mundial de lucha contra el lavado, llamado Grupo Egmont. Será el primer argentino en encabezar ese grupo, con sede en Canadá, que nuclea a todas las agencias de gobierno que combaten el lavado de activos del mundo. Su mandato durará dos años, hasta julio del 2021.

El caso de Laura Alonso, hoy en la Oficina Anticorrupción, es también complejo. Macrista de la primera hora, se inmoló por el Gobierno. Recibió a razón de 100 denuncias mensuales; de ese total, 90 se derivaban y 10 cumplían con los requisitos de intervención de la OA; que involucren a algún funcionario nacional y que el rango sea medio alto. Sobre cada caso, se abría una investigación.

Colaboró para llevar a juicio a Cristina Kirchner y encarcelar a Julio de Vido, Amado Boudou y compañía. También contribuyó a que los más encumbrados empresarios desfilaran por Comodoro Py en la causa de los Cuadernos. Junto a la UIF, se metieron con el poder real, dicen.

En una reciente conversación con su equipo, Alonso describió su situación. “Hoy no puedo caminar por la calle o ir al supermercado, para evitar problemas. Pero yo no soy Macri, vivo de un sueldo”. Son varios los que ya le ofrecieron ayuda internacional.

A la preocupación por su situación, Alonso le suma la decepción con Macri y con Marcos Peña. Días atrás, le confesó a un legislador: “A mí no me llamó nadie del Gobierno desde el 12 de agosto. Ni para decirte quédate tranquila, te vamos a bancar. Y estoy pensando irme a vivir al exterior”.

En privado la jefa de la OA entiende que el Presidente está compungido por haber quedado con un pie afuera del Gobierno. Pero cree que Macri debió convocar a los 50 dirigentes que “pusieron el cuerpo” para darles tranquilidad. O que al menos, Peña los hubiera llamado para brindarle algo de sosiego. Si Macri era reelecto, ella ya había decidido dejar la OA. Ahora deberá prepararse para afrontar eventuales juicios en su contra.

Laura Alonso no tiene dudas que irán por ella. En diálogo con su gente asegura que es una de las principales presas que pretende el kirchnerismo, que su cabeza es políticamente valiosa. Incluso más que Federici. Mientras que en el caso de Patricia Bullrich, el verdadero peligro subyace en los narcos que encarceló y en los kilos de droga que incautó.

En un reciente encuentro con diputados de la Coalición Cívica, del que participó Elisa Carrió, Laura Alonso ironizó: “Acabamos de arreglar con Paula (Olivetto) que vamos a una celda juntas. Vos vas a ir a una separada”, dijo mirando a Carrió. En ese momento, todos alertaron que van a tener que salir a “bancar” a la titular de la OA y a la diputada.

Como es un caso distinto al de Federici y Bullrich, Laura Alonso ya prepara su defensa. Recopila todas las investigaciones abiertas contra funcionarios k pero también macristas. En la OA afirman de la existencia de resoluciones durante la gestión K, suspendiendo de plano las investigaciones de la Oficina contra Cristina Kirchner, cuando había una causa judicial en contra de la ex mandataria.

La dirigente ultramacrista sabe que el Gobierno se benefició con su tarea anticorrupción. Pero ahora se siente sin reconocimiento y al tope del “Ministerio de la Venganza” que promueven las redes sociales. Tanto en la OA como en la UIF creen que un próximo gobierno va a desactivar los organismos. Que designarán a sus sucesores, pero que le bajarán el volumen al máximo y, probablemente, se aparten de las querellas contra CFK.

Tal vez el último decreto de la OA de Alonso sea la puesta en marcha -aconsejada por la OCDE- de una red de enlace de unas 60 personas en ministerios y organismos como Pami, Anses, Senasa, AFIP y la Aduana, que reportan a la OA. Y que pueden mandar denuncias anónimas o promover sanciones. Para que dejen de funcionar, el próximo gobierno deberá derogar el decreto que creó la red.

Fuente: Clarín.