Prevén “una de las peores sequías de las últimas décadas” en Argentina

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) alertó sobre “la posibilidad cierta” de que Argentina “enfrente una de las peores sequías de las últimas décadas” durante la campaña agrícola 2022-2023.

La entidad agroindustrial, en un documento, señaló que “la falta de precipitaciones, bajas reservas hídricas, y los pronósticos climáticos con lluvias limitadas para los próximos meses aumentan la posibilidad de enfrentarnos a una de las peores sequías de las últimas décadas”.

Ante esa situación, el CAA manifestó su “enorme preocupación” por “las consecuencias económicas y sociales que podría generar este fenómeno” en el país, debido que afectaría «el funcionamiento de las cadenas de valor agropecuarias, agroindustriales y principalmente de las economías regionales”.

“Una de las zonas más afectadas sigue siendo las provincias del noreste argentino (NEA), donde las producciones yerbateras, cítricas y forestales aún se están recuperando de los incendios y la sequía extrema que fue noticia a principios de año”, sostuvo la entidad empresaria.

“En el centro del país, la producción de legumbres, la floración para la producción de miel, y la disponibilidad de pasto para algunas cuencas lecheras ha sido un punto crítico”, agregó el documento.

Por su parte, en la zona cordillerana “la disponibilidad de agua para riego también sigue siendo escasa, por lo que preocupan los rendimientos productivos potenciales, así como el aumento de los costos energéticos que requiere su gestión”, advirtió el CAA.

Ante este panorama, alertaron “sobre las graves consecuencias que puede llegar a tener la presencia de una tercera Niña consecutiva sobre la cosecha de granos, las producciones de carne, leche y las economías regionales”.

Por lo que alertaron que si no se registran lluvias en el corto plazo, las pérdidas en la producción afectarán seriamente a las empresas agroindustriales.

Por último señalaron que «escenarios como el actual ponen de relevancia la necesidad de desarrollar una política integral para la gestión de los riesgos a los que se enfrentan estas producciones, con una Ley de Seguro Agrícola y la actualización de la Ley de Emergencia Agropecuaria entre sus prioridades».