La narcocamioneta y el comisario: las pruebas que lo vinculan, su descargo y la ruta de los 1345 kilos en La Paz
La causa por el cargamento de marihuana secuestrado en La Paz avanza hacia el procesamiento. El comisario y abogado Daniel Rosatelli está detenido, acusado de haber comprado la Citroën Jumper usada para el transporte. Documentación, denuncias cruzadas y videos del 911 en la mira.
La investigación por los 1345 kilos de marihuana hallados el 13 de febrero en La Paz entra en etapa de definiciones. Mientras el juez federal Leandro Ríos prepara los procesamientos, el foco está puesto en el comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado, Daniel Rosatelli, detenido y señalado como quien habría adquirido el vehículo utilizado para mover la droga.
A diferencia de otras causas narco, donde se sigue a la organización hasta el cargamento, aquí el camino fue inverso: se partió del hallazgo y se desanduvo la ruta hasta la compra de la camioneta.
La compra de la Jumper: el eje de la acusación
Para la Justicia, todo gira en torno a la operación de compra de la Citroën Jumper patente PME392, tres meses antes del secuestro.
Según la documentación judicial a la que accedió ANÁLISIS, la maniobra comenzó a fines de octubre de 2025:
Un ex policía, Jonathan Barbieri, ofreció la utilitaria a través de un remisero de apellido Maciel. El contacto los llevó hasta Martín Pelizzari, condenado por estafas. La reunión inicial fue en la estación Puma de El Triángulo, en Almafuerte y Dean Álvarez.
El martes 4 de noviembre por la mañana, Barbieri y Pelizzari se encontraron en la Shell del Acceso Norte. Acordaron la venta en 20 millones de pesos. Fueron a verificar el vehículo a la Planta Verificadora de avenida Zanni, luego a un mecánico y al mediodía se dirigieron a calle 25 de Mayo, frente al Club Echagüe.
Allí, Pelizzari le dijo a Barbieri: «Esperame que tengo que ir a hablar con un conocido que es el que va a comprar la camioneta». Caminó hacia Echagüe e Irigoyen, donde está ubicado el departamento particular de Rosatelli, el mismo que fue allanado y donde el comisario fue detenido.
Minutos después, Pelizzari volvió con una propuesta: 7 millones en el momento, otros 2 millones el lunes siguiente y dos cheques. La segunda reunión se pactó para esa misma tarde en Corrientes y Nogoyá. En Corrientes 579 funciona una casona que figura como estudio jurídico de Rosatelli y de otra abogada, y que también fue allanada.
En ese lugar, según la denuncia, Barbieri entregó la Jumper y su documentación a cambio de 2.400 dólares, dos cheques del Banco Galicia por 3 millones de pesos cada uno y dos transferencias de 1 millón cada una desde la cuenta de Claudio David Luna, otro de los imputados. Total entregado: 11 millones. El resto se pagaría el lunes 10 de noviembre.
El lunes, el comprador no apareció. Los cheques fueron rechazados por apócrifos. Barbieri fue a hacer la denuncia a la Comisaría Segunda y se la tomaron.
Tres puntos que lo comprometen
La fiscalía sostiene tres elementos que vinculan a Rosatelli con la operación:
1. Los domicilios. Tanto su vivienda particular como su estudio jurídico aparecen como lugares donde se negoció y se concretó parte del pago.
2. Los videos del 911. Existirían registros de cámaras que captaron a Rosatelli acercándose a la camioneta, observándola y retirándose. La defensa niega rotundamente la existencia de esa prueba.
3. La consulta en el RNPA. La última consulta de dominio sobre la Jumper PME392 se hizo a nombre de la abogada que comparte domicilio legal con Rosatelli.
El descargo: conspiración y venganza
Los defensores del comisario, Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen, atribuyen la detención a una represalia.
Sostienen que Rosatelli denunció un desvío de fondos de adicionales del 911, causa que investiga el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y que tiene a algunos señalados fuera del país, en Israel. Según la defensa, en las escuchas telefónicas solo aparecen referencias a esa causa.
Calificaron de «ridículos y poco serios» los informes policiales de la investigación, aseguraron que Rosatelli no conoce al supuesto dueño de la droga, Esteban Siebenlist Bustos, y que no tiene relación con el resto de los imputados.
Golpiza, amenaza y una denuncia cajoneada
Tras los reclamos por la falta de pago, se produjo un hecho violento. Maciel, el remisero que ofició de nexo, denunció que el propio Rosatelli lo golpeó y le apuntó con su arma reglamentaria en la cabeza en la sede de la ONG Suma de Voluntades, con la advertencia: «No saben con quiénes se meten, nosotros manejamos Paraná».
Maciel terminó con traumatismo de cráneo y en el brazo. Cuando Barbieri intentó denunciar la golpiza en la Comisaría Segunda, no le tomaron la denuncia. Sí lo hicieron en la Policía Federal, que derivó el caso a la Justicia provincial, donde quedó sin avances.
Por ese episodio, la semana pasada se secuestró el celular de un oficial de la Segunda para determinar si recibió órdenes de no tomar la denuncia. En ese momento, el jefe Departamental era Carlos Schmunk y el jefe de Asuntos Jurídicos, Daniel Rosatelli. Se evalúa una causa por incumplimiento de deberes de funcionario público.
En un informe al que accedió este medio, el oficial involucrado sostuvo que entrevistó a Maciel en el Hospital San Martín y que este dijo haber sido víctima de un robo como chofer de Uber en la zona de Tibiletti y Caputto, y que no quería quedar vinculado a la venta de la camioneta.
La ruta del cargamento y el prófugo
La droga fue secuestrada en el Camino del Bollero, un camino de tierra paralelo al acceso a La Paz por Ruta 12. Pero la Jumper nunca pasó por el puesto caminero de Paso Telégrafo, en el límite con Corrientes.
Los investigadores reconstruyeron que el cargamento cruzó desde Corrientes a Entre Ríos por el río Guaiquiraró, en una embarcación precaria, a la altura de Paso Yunque, en la zona de Estancia Colonia El Ombú, al norte del departamento La Paz.
Un vecino alertó a Delitos Rurales creyendo que se trataba de cazadores furtivos o cuatreros. Cuando llegó el móvil 1201 de la Brigada, la Jumper y una Toyota Hilux negra 4×4 que hacía de puntera se dieron a la fuga. Hubo una persecución de casi 70 kilómetros por caminos rurales hasta que los ocupantes cruzaron la Ruta 12 y abandonaron la Jumper cargada cerca del Jockey Club de La Paz.
Al día siguiente encontraron escondido y maltrecho a César Leonel Ramírez, quien fue procesado por el transporte. El conductor de la Hilux logró escapar.
Ese hombre sería Esteban Siebenlist Bustos, señalado como el dueño del cargamento y actualmente prófugo. Sin antecedentes por narcotráfico, con causas por lesiones, es descrito como una persona con alta movilidad y contactos en Paraguay, Bahía Blanca y otras zonas.
Hace un mes, la Policía Federal secuestró en la Planta Verificadora toda la documentación de la Jumper narco. Días después hallaron otra Citroën Jumper idéntica, que sería la titular original de la patente PME392. Su dueño aseguró que la tenía para desguace y que le habían robado la chapa trasera, aunque nunca hizo la denuncia. El mismo día del procedimiento en la verificadora, un policía cercano al grupo investigado cambió repentinamente su línea de celular.
En el operativo del 19 de agosto fueron detenidos los hermanos Alan y José Favieri -el primero habría ido en la Jumper y el segundo en la Hilux- y Claudio Luna. Pelizzari ya estaba preso por una condena previa por estafas.
El destino final de la droga, según las fuentes, habría sido Rosario o Córdoba.
Lo que viene es clave: la pericia al celular de Rosatelli. Se trata de un iPhone cuya clave el comisario se negó a entregar. La Policía Federal cuenta desde el año pasado con nuevo equipamiento UFED para intentar desbloquear dispositivos. Para la acusación, si sostiene su inocencia y por su rol institucional, debería colaborar con la Justicia.
