Enersa lanzó un programa para erradicar conexiones clandestinas en Entre Ríos
Enersa informó el lanzamiento de un programa provincial destinado a combatir las conexiones clandestinas de energía eléctrica. La iniciativa se enmarca en la política de transparencia y regularización de la actual gestión de la empresa.
El presidente de la distribuidora, Uriel Brupbacher, explicó que el objetivo es “ordenar la empresa puertas adentro y, al mismo tiempo, regularizar la relación con nuestros usuarios. La transparencia también tiene que ver con la equidad: que todos los entrerrianos estén bajo las mismas reglas y que quienes cumplen no se vean perjudicados por quienes no lo hacen”.
Los primeros operativos se desarrollaron en los barrios Chacra 99, Paraná XX y El Morro, todos en la capital provincial. En Chacra 99, tras tres semanas de trabajo, se logró regularizar al 100% de los usuarios que permanecían conectados de manera irregular desde hacía ocho años.
En El Morro se detectó un 65% de conexiones clandestinas, con un promedio de 20 años de antigüedad. En tanto, en Paraná XX, se constató un 40% de usuarios en situación irregular, con un promedio de 18 años. En todos los casos, la regularización se realizó con recursos humanos propios de la empresa y los vecinos abonaron los costos que les correspondían.
Según los informes técnicos de Enersa, las pérdidas de energía por conexiones clandestinas en suministros de tipo T1 superan el 10%. La empresa adelantó que el programa, que se inició en Paraná, se extenderá al resto de la provincia.
Desde la distribuidora recordaron que el sistema tarifario segmenta a los usuarios según su capacidad económica y que, además, el Gobierno provincial dispone de subsidios específicos como la Tarifa Social y el Programa de Inclusión al Consumo.
Finalmente, se advirtió que las conexiones clandestinas no solo representan un perjuicio económico para los usuarios regulares, sino que también constituyen un grave riesgo eléctrico, con posibilidades de incendios, cortocircuitos o electrocuciones que ponen en peligro la continuidad del servicio y la vida de las personas.
