Internet y cable: El congelamiento de tarifas pone en riesgo más de 7.000 empleos en Entre Ríos

El legislador planteó su preocupación al respecto mediante un proyecto de Declaración que tomó estado parlamentario este jueves en la sesión de la Cámara Baja, exponiendo las dificultades que atravesarán en el corto plazo las pequeñas y medianas empresas prestadoras de internet, cable y telefonía en la provincia al establecerse el estatus de “servicios públicos esenciales” que le otorgó el gobierno nacional mediante el DNU 690/2020.

Según explicó Mattiauda, el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre “pone en serio riesgo” las prestaciones por parte de las empresas entrerrianas “con el consiguiente perjuicio sobre el acceso a la información” de todos los usuarios. “El 90 % de los costos de estos servicios están dolarizados y por lo tanto si se los pesifica y congela se debilita la continuidad” en la provisión de los mismos, remarcó.

El diputado integrante del interbloque Cambiemos, dijo que en la provincia existen alrededor de 300 localidades, entre municipios, comunas y juntas de gobierno, a muchas de las cuales los servicios de TIC llegan mediante alguna de las más de 170 empresas pequeñas y medianas entrerrianas del rubro. “Esas firmas proveen a escuelas, comercios, a la industria, al sector productivo, al Estado y a los privados, generan actividad económica y empleos directos e indirectos; es decir, posibilitan la conexión y el desarrollo de múltiples actividades a lo largo de Entre Ríos y de todo el país”, remarcó.

Y agregó: “En ese contexto (el de congelamiento de tarifas) pueden verse perjudicadas para brindar un servicio óptimo, y de mantenerse la situación en el tiempo difícilmente puedan continuar con la prestación”.

Mattiauda explicó que de esas empresas entrerrianas dependen más de 7.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y además la crisis de las mismas “pondría en riesgo la salud, la producción, la industria, el comercio, el transporte y la igualdad en el sistema educativo” ya que estos servicios brindan conexión a 1650 establecimientos escolares en la provincia.

En los fundamentos, el diputado señaló que “el Estado, con esas políticas, va a destruir al sector causando un ‘apagón digital’, dado que las empresas se verán obligadas a cesar en sus actividades y serán las primeras en desaparecer, al no contar con apoyo ni financiación razonable”.

“Esta situación provocará un efecto dominó que no solo afectará directamente a los proveedores del mencionado servicio, sino indirectamente a toda la población en su conjunto”, remarcó y puntualizó que el DNU del gobierno nacional “encierra un contrasentido evidente dado que alega como finalidad asegurar la prestación de un servicio que considera esencial, pero produce el efecto contrario”.