Política
Covid-19: En Entre Ríos, la Justicia Federal y provincial otorgó prisión domiciliaria a 92 presos
El detalle de las prisiones domiciliarias ordenadas por la Justicia arroja que la mayor cantidad corresponden al sistema Federal. Actualmente la población carcelaria entrerriana consta de 2499 personas, de las cuales 422 son detenidos por causas Federales
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, 74 prisiones domiciliarias fueron ordenadas por la Justicia Federal en Entre Ríos y 18 por los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad provinciales
“El encarcelamiento o la excarcelación de una persona, se realiza por decisión exclusiva de la autoridad judicial competente. Es la Justicia la que determina excarcelaciones y no el Poder Ejecutivo como dejan entrever comunicaciones confusas, que lo único que hacen es generar malestar en la población en una época de profunda sensibilidad social”, aclararon a APF fuentes del Ejecutivo.
Para las personas condenadas por la Justicia Provincial, la supervisión y control de la ejecución de penas se hace a través de los Juzgados de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad, efectuándose un análisis caso por caso.
Se aclaró que no hay decisiones masivas, sino en pocos y determinados casos, 18 en total, se hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria, mientras que muchas solicitudes fueron rechazadas, en lo que hace a la situación de emergencia sanitaria en el marco de la pandemia de COVID-19.
En lo que respecta a los internos alojados por causas federales, la Justicia Federal dispuso un mayor número de prisiones domiciliarias, por un total de 74, según consta en los registros del servicio Penitenciario.
En tanto, hay 20 prisiones domiciliarias que dispusieron los Juzgados de Garantías locales, relacionados con prisiones preventivas ordenadas en el marco de la instrucción penal, que por naturaleza son provisionales y con plazos acotados y que no guardan relación con la situación actual de emergencia sanitaria.
Por lo demás, el resto de las externaciones acaecidas, obedecen al cumplimiento de la pena y a los casos de libertad condicional o asistida, que disponen tanto los Juzgados provinciales como federales en la medida de que se cumplimenten con los requisitos establecidos por la normativa penal, a criterio del Juzgado interviniente.
