Ampliaron la denuncia contra ex directores del Iosper por corrupción con prótesis pagadas dos veces

Este jueves, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, presentó a través de su abogado, Guillermo Reggiardo, la ampliación de la denuncia que presentó en diciembre de 2024 contra los ex directores del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Silvio Alejandro Moreyra y Fernando Isaías Cañete, por graves delitos de corrupción en la mayor obra social de la provincia.

En la ampliación se presentó evidencia respecto a la presunta participación de la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier), entidad que, según se sostuvo en la ampliación, fue “creada en diciembre de 2014 específicamente con la finalidad de proveer insumos ortopédicos al Iosper”; y de la del titular del Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia, Diego Lara, y miembros de la Comisión Fiscalizadora del organismo de control, por, supuestamente, haber ignorado y omitido “deliberadamente”, a pesar de “sus auditorías permanentes” lo que se denunció como “pagos irregulares denominados ‘extras sin factura’».

En la ampliación se resaltó que “el reciente informe del TC calificó como ‘lapidarias’ las irregularidades detectadas en la gestión de Moreyra y Cañete, confirmando serios indicios de malversación y administración fraudulenta mediante estructuras societarias para canalizar fondos ilícitamente sustraídos”. Se añadió que “esta tardía reacción pone en evidencia la gravedad del incumplimiento de sus deberes de fiscalización y control durante un prolongado periodo, facilitando la estructuración y consolidación del esquema corrupto que afectó significativamente al patrimonio público y a la calidad del servicio brindado a miles de afiliados del Iosper. En definitiva, la connivencia del TC, la falta de controles internos y externos, la complicidad política y el uso indebido y descontrolado de recursos públicos han configurado un patrón sistemático de corrupción en el Iosper. Esta situación demanda una investigación judicial profunda, exhaustiva y ejemplar, que determine responsabilidades y permita recuperar los fondos públicos desviados”.

Petitorio

Rossi solicitó ante el procurador general de la provincia, Jorge García, “ampliar formalmente la denuncia penal contra Silvio Alejandro Moreyra, Fernando Isaías Cañete, Diego Lucio Lara y miembros de la Comisión Fiscalizadora del Tribunal de Cuentas (TC); la remisión íntegra de todos los informes y auditorías del TC referida al Iosper desde 2014 hasta la fecha; realizar auditorías contables exhaustivas sobre contratos y pagos a Apocier y Meditar SA, incluyendo análisis de la documentación respaldatoria; embargo preventivo inmediato sobre bienes e inversiones personales de los denunciados y sus testaferros; citación urgente a declaración indagatoria de los involucrados, bajo riesgo procesal grave debido a su capacidad económica y posible fuga” y finalmente la “investigación patrimonial internacional para identificar y recuperar activos sustraídos al patrimonio público”.

Rossi y Reggiardo ampliaron la denuncia penal presentada en diciembre de 2024 por “hechos de corrupción sistemática en el Iosper”, sumando en esta ampliación “nuevas evidencias que surgen de auditorías recientes, investigaciones periodísticas y actos oficiales del Gobierno de Entre Ríos”. Asimismo solicitaron que “se acumule la denuncia realizada al Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Diego Lara y los funcionarios a cargo de los controles, ya que como consta de su propia resolución ya han tenido intervención con estas contrataciones irregulares, que datan de 10, 8, 6 años (donde ha auditado, re auditado y recontra auditado) y no advirtió ninguna irregularidad a través de la estructura de fiscalización permanente”.

Hechos nuevos

Tras recalcar que “la situación del Iosper refleja un esquema de corrupción estructural consolidado a lo largo de varios años, particularmente bajo las presidencias de Moreyra y Cañete” en un supuesto “esquema (que) ha involucrado delitos graves como administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, lavado de activos y falsedad ideológica”, se destacó que “el Gobernador Rogelio Frigerio, en conferencia de prensa realizada el martes 1 de abril de 2025 junto con el interventor del Iosper, Mariano Gallegos, confirmó la gravedad de esta situación al anunciar que la Comisión Fiscalizadora detectó y denunció ante el Tribunal de Cuentas graves irregularidades vinculadas a la provisión de prótesis ortopédicas”.

Como hechos nuevos se señaló que “se constató que, durante 2024, Iosper pagó anticipadamente bajo la modalidad ‘de cápita’ por 1.041 prótesis que nunca fueron entregadas a los afiliados. Esto ocasionó un perjuicio económico inmediato estimado en alrededor de 1.000 millones de pesos, además de generar una obligación adicional para el Instituto de adquirir nuevamente dichas prótesis, multiplicando el daño económico sufrido”.

Los denunciantes resaltaron que “este fraude involucra directamente a la Apocier, entidad creada en diciembre de 2014 específicamente con la finalidad de proveer insumos ortopédicos al Iosper”. Se añadió que como “domicilio legal” se presentó “un pequeño departamento estudiantil ubicado en calle La Paz 119, Paraná, inmueble evidentemente incapaz de gestionar la provisión masiva de insumos médicos que exigía la obra social, como puede observarse claramente en la fotografía que se acompaña como evidencia documental”.

También se destacó que “esta grave anomalía fue ignorada u omitida deliberadamente por el TC durante años, a pesar de sus auditorías permanentes. Los pagos irregulares denominados ‘extras sin factura’, detectados en los años 2016 y 2018, constituyen solamente dos muestras puntuales del mecanismo sistemático de pagos indebidos y sobreprecios abonados a Apocier. El TC detectó, además, hasta 1.022 cirugías pendientes al 10 de diciembre de 2024 debido a la falta de provisión efectiva de prótesis, pese a haberse efectuado pagos anticipados a esta asociación”. Así, se sostuvo que “la responsabilidad del TC, presidido por Lara, junto a la Comisión Fiscalizadora Permanente según la Ley 5326/73 modificada por Ley 9715, resulta manifiesta”. (APFDigital)