Policiales
Causa Narcomunicipio: Sólo dos de los 26 condenados quedan en prisión
Con la prisión domiciliaria otorgada al "Titi" Celis, quedan en la cárcel su hermano "Tavi" y el peruano proveedor de la cocaína Figueroa Lagos
Pasaron tres años de los allanamientos y detenciones, tras una intensa investigación, que desbarató una organización delictiva que traficaba marihuana al por mayor en Paraná y reveló la injerencia del narcotráfico en la Municipalidad.
Pasaron dos años del escándalo que provocó un sismo institucional en la capital provincial: la causa que ventiló el financiamiento del exintendente Sergio Varisco al jefe narco Daniel Celis para la compra de cocaína.
Pasaron seis meses la condena histórica contra el dirigente radical y otras 25 personas, tras un juicio de tres meses con 32 imputados.
Pero en la cárcel quedan hoy solo dos. El resto recibió penas condicionales, o efectivas con prisión domiciliaria. El último beneficiado fue Miguel Ángel Titi Celis (hermano del Tavi), quien fue sentenciado a ocho años de prisión por la operación Narcoavioneta. Desde el viernes pasado, ya está en su vivienda.
Queda un panorama que no se equipara con la magnitud de los hechos que fueron juzgados, sus consecuencias políticas (mas no estructurales) en una causa casi inédita en el país.
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A la casa con tobillera
Miguel Celis había tenido un perfil mucho más bajo que el de su hermano. Algunos lo consideran más sagaz que el Tavi. Su nombre en una causa por narcotráfico apareció recién en 2017, cuando aterrizó la avioneta con 317 kilos de marihuana en el campo de los hermanos Ghibaudo en Colonia Avellaneda. Fue el principal orquestador de aquella compra de droga y en el juicio no tuvo reparos en confesar, con el objetivo de desligar a su hermano y su esposa, entre otros familiares también acusados.
El defensor Augusto Lafferriere había solicitado la excarcelación del Titi, al considerar que el encierro ya había superado todos los plazos legales previstos. Es que, como la sentencia aún no está firme, Celis estaba en la cárcel con prisión preventiva, desde hacía tres años.
Por su parte, el fiscal general José Ignacio Candioti se opuso firmemente a tal pedido. Afirmó que existen razones que justifican el encarcelamiento del imputado por el “riesgo procesal”, como las pruebas contundentes reunidas en la causa, y destacó que el Tribunal Oral Federal de Paraná, luego de más de tres meses de juicio oral y público, declaró coautor a Miguel Ángel Celis por el delito de organización de actividades de tráfico de estupefacientes. Por esto, sostuvo que la sentencia condenatoria es una pauta objetiva que permite presumir que, en caso de quedar firme, Celis intentaría evitar su cumplimiento.
Al momento de resolver, las vocales del TOF Lilia Carnero y Noemí Berros rechazaron la excarcelación pedida por el defensor, pero atendieron la posibilidad de atenuar la situación del condenado, lo cual no había sido pedido.
“Considerando que Miguel Ángel Celis lleva tres años en prisión preventiva, que la sentencia no se encuentra firme, es preciso morigerar la prisión preventiva, forma que de algún modo, permite el contralor del imputado que ha sido condenado a ocho años de prisión”, resolvieron la semana pasada. Asimismo, ordenaron la colocación de una tobillera ante el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, pero mientras tanto no la tenga, que el Patronato de Liberados de Entre Ríos controle el cumplimiento de la domiciliaria una vez por mes.
Un aspecto llamativo de la decisión judicial es que no se trata de un condenado que aún clama por su inocencia, y que espera poder revertir la sentencia que aún no está firme. Sino de alguien cuya única expectativa es que le reduzcan la pena. “Me hago cargo y me arrepiento de lo que hice”, dijo el Titi en el juicio. Incluso, la pena mínima del delito que cometió es de seis años de prisión, por lo que llevaría cumplido recién la mitad de ese plazo mínimo que podría lograr con una reducción.
Otro aspecto a resaltar es que Celis tiene otra causa pendiente en el TOF de Paraná, por una adulteración de documento automotor, lo cual incluso surgió en el juicio, a raíz de una discusión entre el defensor y el fiscal sobre una escucha telefónica.
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Tavi y Wilber, en el encierro
El 30 de diciembre de 2019, el TOF de Paraná dictó la sentencia con 26 condenas y seis absoluciones. De total de los condenados, 22 recibieron penas de prisión efectiva y cuatro de prisión condicional. Pero aquel fin de año, solo tres de los penados recibieron 2020 en la cárcel, porque para el resto se aplicó el criterio dispuesto por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, del Congreso, sobre la morigeración de las medidas cautelares. Entre ellos Varisco, quien está desde entonces en su quinta en las afueras de Paraná.
Ahora, con la medida concedida al Titi Celis, quedan dos. Uno es el Tavi Celis, quien desistió del recurso de Casación, tiene una condena firme y ahora va por la unificación de esta pena de 13 años de prisión, con la de siete años que recibió en la Justicia provincial por el asalto a una familia en una estancia de Las Cuevas (Diamante).
El otro es el peruano proveedor de la cocaína que vendía Celis, Wilber Figueroa Lagos, sentenciado a seis años y medio de prisión.
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El expediente, a Comodoro Py
Tal como ha informado UNO a inicios de año, abogados defensores de 15 de los 26 condenados presentaron recursos de Casación para insistir en la inocencia de los condenados o buscar una pena menor.
Se trata de Sergio Varisco, el exconcejal Pablo Hernández, la exsecretaria de Seguridad municipal Griselda Bordeira, Gastón De la Fuente, José Raúl y Omar Horacio Ghibaudo, Wilber Figueroa Lagos, Eduardo Celis, Juan Manuel Gómez, Nahuel Celis, Jonathan Heintz, Julio César Vartorelli, Jonatan Romero, Miguel Ángel Celis y Cristian Silva.
La semana pasada, el TOF de Paraná elevó el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora resta esperar saber sobre cuál Tribunal de Casación radicado en Comodoro Py (Capital Federal) recaerán las causas narcoavioneta y narcomunicipio, para analizar y resolver sobre las quejas presentadas por los defensores.