ENTRE RÍOS ELIMINÓ LAS PENSIONES VITALICIAS PARA GOBERNADORES Y VICEGOBERNADORES
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por Rogelio Frigerio. Se deroga un régimen vigente desde 1965 que otorgaba el 75% del sueldo. El gobernador y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros alcanzados.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó este martes la ley que elimina las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, poniendo fin a un régimen de privilegio que estuvo vigente durante más de 60 años en la provincia.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo en enero de 2024, deroga la Ley Nº 4.506 sancionada en 1965, que establecía una pensión vitalicia equivalente al 75% de la remuneración del cargo para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación.
Tras su paso por ambas cámaras y las modificaciones introducidas en el Senado, el proyecto obtuvo sanción definitiva en la Cámara baja.
Uno de los puntos centrales de la nueva norma es que alcanza a las actuales autoridades. De esta manera, el gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios provinciales que no podrán acceder a ese beneficio.
Al celebrar la sanción, Frigerio aseguró que se trata de un compromiso asumido desde el inicio de su gestión.
> «Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos», afirmó.
El mandatario enmarcó la medida dentro de su agenda de austeridad y reforma del Estado.
> «Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos», señaló. «Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo».
Desde el Gobierno provincial indicaron que la derogación se inscribe en una política más amplia de transparencia, ética pública y revisión de regímenes especiales considerados incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
