Vecinos de La Paz denuncian que el Municipio no usa $1.180 millones destinados a sanear el basural
Acusan al Ejecutivo local de mantener inmovilizado el dinero en plazos fijos del Banco Nación y del BERSA. Una ordenanza del Concejo Deliberante ordena usar los intereses -unos $24 millones mensuales- para financiar el cierre del basural a cielo abierto de la Chacra 96.
LA PAZ – 28 de Agosto de 2026
Vecinos autoconvocados de La Paz denunciaron que la Municipalidad mantiene inmovilizados $1.180.000.000 en plazos fijos bancarios -en el Banco Nación y en el Banco de Entre Ríos (BERSA)- sin destinar los intereses a sanear el basural a cielo abierto ubicado en la Chacra 96, pese a que existe una ordenanza vigente que obliga a esa afectación específica.
Según la documentación aportada a ANÁLISIS, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que declara la Emergencia Ambiental en toda la jurisdicción municipal por 18 meses y crea el Plan Integral de Saneamiento y Gestión de Residuos de La Paz (PISGR-LP).
El plan contempla el cierre definitivo del sitio actual, la relocalización de la disposición final de residuos a un predio técnicamente adecuado y un programa de recuperación de suelos y cuerpos de agua afectados.
El fondo que no se ejecuta
El eje del reclamo vecinal es el artículo 6° de esa ordenanza. La norma ordena al Departamento Ejecutivo Municipal afectar los intereses mensuales generados por los plazos fijos a financiar el saneamiento.
Con la tasa más baja vigente al momento de la redacción de la ordenanza -2,05% en el Banco Nación-, esos intereses ascenderían a $24.000.000 mensuales, que deben depositarse en una cuenta especial denominada «Fondo GIRSU y Saneamiento Ambiental — La Paz».
Ese fondo, según el texto, tiene afectación exclusiva para servicios técnicos ambientales, equipamiento para gestión de residuos, obras de infraestructura, programas de educación ambiental y convenios con cooperativas de recicladores. Los vecinos aseguran que la cuenta nunca se constituyó y que la descontaminación sigue paralizada.
Riesgo sanitario a 400 metros de dos escuelas
El basural cuestionado figura en la ordenanza como «Depósito Municipal», localizado en la Chacra N° 96, Potrero del Abasto, en inmediaciones del arco de acceso a la ciudad.
Los denunciantes sostienen que en el predio se arrojan de forma ilegal residuos patogénicos y biopatogénicos -medicamentos vencidos y desechos hospitalarios- mezclados con basura común, en convivencia con lagunas cloacales colapsadas y sin membrana de impermeabilización.
Esa situación, advierten, permite que lixiviados y bacterias cloacales percolen directamente hacia las napas freáticas.
El sitio se encuentra a unos 400 metros de la Escuela Primaria N° 8 «Juan Bautista Cabral» y de la Escuela N° 40 «Recuerdos de Provincia«, cuyos alumnos -denuncian- respiran de forma cotidiana el humo de las quemas.
El antecedente judicial
El conflicto ya tuvo un capítulo judicial. El 16 de junio, el titular del Juzgado de Familia, Niños, Adolescentes y Penal de Menores de La Paz, Raúl Damir Flores, hizo lugar a un amparo ambiental colectivo promovido por vecinos.
En ese fallo, el magistrado declaró probada la existencia de daño ambiental y ordenó la relocalización del basural en 12 meses desde que la sentencia quedara firme, prohibió de inmediato las quemas y la acumulación descontrolada de residuos y dispuso el saneamiento urgente de los piletones y de la cuenca del arroyo Los Paraísos-Cabayú Cuatiá.
De acuerdo al relato de los vecinos, el Municipio apeló el fallo y cuestionó la validez de la pericia científica que había detectado niveles de arsénico, cromo y fósforo total en la zona, con el argumento de que el estudio fue realizado por una perito con título de Doctora en Ingeniería Química y no por un médico.
Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) revocó el amparo, al considerar que el municipio ya estaba dando respuesta al conflicto a través de la ordenanza de emergencia que crea el Fondo GIRSU.
Para los vecinos, esa ordenanza fue dictada después de iniciada la demanda judicial, como una reacción ante la presión de la causa. Por ese motivo, sus abogados presentaron un recurso de Revocatoria in Extremis ante el STJ, al que calificaron como una respuesta frente a «una burda trampa temporal».
La causa sigue abierta y el basural, en funcionamiento.
