Norvial y Adán Bahl: una relación inquebrantable y la misteriosa reunión en la Casa de la Costa con el clan Urribarri
El escenario político de Entre Ríos asiste a la revelación de una trama de influencias y negocios que parece no tener fin.
En el centro de esta estructura se encuentra la empresa constructora Norvial, una firma que ha crecido al amparo de la obra pública y cuya relación con el ex intendente de Paraná y ex vicegobernador, hoy senador nacional, Adán «Beto» Bahl, ha sido tan estrecha como cuestionada. Sin embargo, los hilos de esta historia se tensan aún más al salir a la luz una reunión secreta que marca un antes y un después en la transición política de 2023: el encuentro entre Bahl y el ex gobernador Sergio Urribarri, junto a su círculo íntimo, en la penumbra de la Casa de la Costa.
La noche de las presiones en la Casa de la Costa, ocurrió tras la derrota electoral de octubre de 2023. Sergio Urribarri, cuya figura pública ya estaba severamente desgastada por procesos judiciales, insistió de manera casi desesperada en una audiencia con Adán Bahl. El entonces intendente, conocedor del costo político que implicaba «incinerarse» junto al ex gobernador, intentó eludir el encuentro. Sin embargo, la presión surtió efecto y la cita se concretó pasadas las 20 horas en la Casa de la Costa, un lugar apartado en la costanera donde Bahl mantenía una oficina.
Lo que Bahl no esperaba era que Urribarri no llegaría solo. Una vez dentro, el exmandatario le soltó una frase que cambió el tono de la reunión: «Beto, ahí afuera están Juanpi y Mauro, ¿pueden pasar?». De este modo, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y su hijo, Mauro Urribarri, se sumaron a una charla que, según trascendidos, estuvo cargada de una fuerte presión hacia Bahl. El motivo de tal sometimiento radicaría en la información que Aguilera posee sobre la gestión de Bahl como vicegobernador; Aguilera, señalado como el armador de los contratos truchos en el Senado, conocía cada número y cada manejo de la caja política que Bahl administraba en aquel entonces. La presión, lejos de ser un hecho aislado de esa noche, parece extenderse hasta la actualidad.
En este contexto, la empresa Norvial emerge como el brazo ejecutor de las obras más polémicas de la gestión municipal de Bahl. Históricamente vinculada al peronismo y favorecida sistemáticamente en las licitaciones, la firma encabezada por Leonardo Damonte ha dejado un rastro de obras deficientes que hoy vuelven a ser noticia. El antecedente más escandaloso fue el colapso del Puente de calle Moreno, una obra mal ejecutada que debió ser reparada en múltiples ocasiones. A pesar de la negligencia manifiesta y de las advertencias de especialistas como el arquitecto Borini, Bahl continuó beneficiando a Norvial, otorgándole incluso la estructura del puente de calle Gálvez, recordado trágicamente por el accidente donde perdió la vida la joven Fiorella Furlán.
La relación de Norvial con el poder no es nueva. Desde la época de Blanca Osuna como intendenta, la empresa ya ganaba licitaciones claves. Bahl se consolidaba como el «superministro» de la obra pública, quien en ese entonces era el hombre fuerte del gabinete de Urribarri. La impunidad técnica de la empresa llegó a tal punto que hoy, en la obra del Túnel Subfluvial, se repite el patrón: un hormigón que no cumple con las resistencias pactadas y que se desmorona antes de ser habilitado plenamente.
El punto más oscuro de la connivencia entre Norvial, Bahl y el clan Urribarri es, sin duda, el loteo del Acceso Norte que le fue otorgada la factibilidad SIETE DÍAS antes de que Urribarri dejara de ser el gobernador. Se trata de un terreno de grandes dimensiones comprado por apenas 300.000 dólares a un particular Anibal Londero, ubicado en una zona detrás del Seminario que los vecinos conocían como «anegadiza», llena de arroyos, vertientes y vegetación hidrófila como la totora.
Sobre este terreno pantanoso, Norvial realizó una infraestructura precaria. El negocio era millonario: subdividir el campo en 400 lotes para venderlos a precios de entre 60.000 y 150.000 dólares cada uno. Sin embargo, para que el negocio fuera rentable, el Estado debía absorber los costos. El municipio terminaba siendo responsable de brindar servicios de cloacas, agua, luz y transporte en una zona que, al ser impermeabilizada con asfalto, amenazaba con inundar barrios aledaños como el Barrio Médico, al drenar de manera irregular hacia los desagües de Vialidad.
Este loteo estuvo viciado desde su origen. Se denunció la falsificación de firmas, estudios de impacto ambiental fraguados y expedientes nulos. Ante la gravedad, figuras como la actual intendenta Rosario Romero (entonces diputada) junto a los diputados Gustavo Guzmán y Gustavo Zavallo, trabajaron en un amparo judicial para frenar la obra. Incluso los fallecidos ex intendente Sergio Varisco y Walter Rolandelli decidieron paralizar el loteo debido a las irregularidades. No obstante, en un giro llamativo, apenas siete días antes de dejar la intendencia en 2023, y tras la mencionada reunión misteriosa con Urribarri, trascendió que la gestión de Bahl habría dado el visto bueno final para que el loteo avanzara y se comenzaran a vender los terrenos.
El entramado se completa con los nombres de quienes estaban «detrás» del proyecto. El Colegio de Bioquímicos, presidido en su momento por el padre de Pedro Gebhart, imputado por el fraude de los créditos truchos) junto a su otro hijo, el abogado Diego Gebhart, fueron los armadores originales. Los Gebhart, Pedro y Diego, eran parte del grupo político de Urribarri y Stratta, conocidos en el ambiente como los «Urribarri Boys«.
La conexión inmobiliaria se vuelve explícita cuando se descubre que la lujosa casa de los Gebhart, ubicada en la parte más alta del polémico loteo, pasó a ser la residencia de Juan Pablo Aguilera. En el ambiente político paranaense, era un secreto a voces que la verdadera inversión detrás del loteo provenía del grupo Urribarri-Aguilera (consiguiendo la habilitación municipal imposible que Blanca Osuna se negara) y que los Gebhart eran simplemente la cara visible del negocio.
Leonardo Damonte, hoy titular único de Norvial, carga con antecedentes que incluyen una probation de dos años en causas judiciales previas. A pesar de esto, su empresa siguió siendo la favorita del «mundo Bahl». La figura de María Eugenia Castrillón, (oriunda de La Paz) quien aparecía en el año 2017 como dueña en los papeles pero se declaraba ante la justicia como «madre soltera con un solo ingreso y beneficiaria del Procrear», fue otra de las piezas utilizadas para ocultar la verdadera solvencia de la firma y sus vínculos con el poder.
Como parte importante de esta red aparece la figura de Aldo Ballestena, ex senador por el departamento La Paz, quien durante la gestión de Adan Bahl en la vicegobernación desempeñó un rol operativo crucial como vice presidente primero de la Cámara Alta. Ballestena no solo era el hombre de máxima confianza de Bahl, sino que era quien ejercía la firma autorizada para validar las contrataciones de personal cuando el vicegobernador se encontraba ausente. LOS CONTRATOS QUE NO FIRMABA BAHL LOS FIRMABA BALLESTENA. Esta facultad lo posiciona como un responsable directo en la validación de los legajos que hoy la justicia investiga bajo la denominación de «contratos truchos», aunque llamativamente, tanto él como Bahl han logrado evitar ser sentados en el banquillo de los acusados.
El entramado de favores se vuelve más evidente al analizar la relación con el empresario Leonardo Damonte. A pesar de presentarse como un exitoso hombre de negocios con una facturación millonaria gracias a la obra pública, Damonte mantenía a su propia esposa contratada dentro de la estructura del Senado bajo la tutela de la dupla Bahl – Ballestena. Resulta inentendible que un empresario de tal envergadura requiera de un sueldo estatal para su cónyuge, lo que refuerza la hipótesis de que estas contrataciones funcionaban como un mecanismo de retorno o financiamiento político indirecto dentro del esquema liderado por el clan de La Paz.
La trayectoria de Leonardo Damonte, titular de la constructora Norvial, representa uno de los casos más controvertidos en la obra pública de Entre Ríos. El ingeniero agrónomo logró un vertiginoso ascenso económico, pasando de ser un empleado en una arrocera con aparentes problemas administrativos y un pequeño prestamista en La Paz a consolidarse como un poderoso empresario del rubro. Sin embargo, este crecimiento está marcado por una condena judicial de 2005, donde recibió dos años de prisión en suspenso por estafar al fisco, lo que genera un profundo interrogante sobre cómo un condenado por defraudar al Estado continúa siendo uno de sus principales proveedores y contratistas.
El éxito de su empresa, Norvial, parece cimentarse en una notable capacidad para tejer vínculos con funcionarios de signos políticos opuestos. Durante la gestión de Blanca Osuna en Paraná. No obstante, este favoritismo no mermó con el cambio de signo político, ya que durante la intendencia de Sergio Varisco siguió obteniendo contratos clave, como la obra del puente de calle Moreno, adjudicada por un monto que duplicaba los presupuestos estimados por otras constructoras del sector.
Un pilar fundamental en este esquema de poder es su relación con el ex senador Aldo Ballestena, pero en los mentideros políticos y empresariales reconocen la relación inquebrantable entre Norvial y Bahl. Esta protección política habría facilitado no solo la obtención de obras, sino también la adquisición de un campo de mil hectáreas en Alcaraz Norte y maquinaria pesada de altísimo valor, todo en un lapso de tiempo sospechosamente breve para alguien que carecía de patrimonio inicial.
Las actividades de Damonte a pesar de haber estado plagada de denuncias por irregularidades y privilegios urbanísticos. Mientras la Dirección de Vialidad en Concordia y el municipio de esa ciudad lo sancionaron por incumplimientos graves, en Paraná obtuvo permisos de loteo excepcionales en zonas inundables del Acceso Norte. A diferencia de otros desarrolladores a quienes se les exige preservar grandes áreas verdes, a Damonte se le permitió realizar fraccionamientos mínimos de alta rentabilidad, poniendo en riesgo el drenaje ambiental de la zona. Estos beneficios, sumados a las deficiencias de seguridad en sus obras, alimentan las sospechas sobre los mecanismos de lubricación que utiliza para aceitar sus pedidos ante el Estado.
Hoy, la ciudad de Paraná y el Estado Provincial enfrentan las consecuencias: obras que deben pagarse dos veces, servicios deficientes y un mercado inmobiliario manchado por la sospecha. Mientras Rosario Romero, quien en la gestión de Sergio Varisco combatió estos loteos, que solamente eran negocios millonarios para empresarios inescrupulosos, se encuentra ahora frente a la decisión de convalidar o denunciar definitivamente estas «aprobaciones de última hora», la sombra de la Casa de la Costa sigue proyectándose sobre la política entrerriana, recordándonos que, en ciertos niveles del poder, los contratos no solo se firman con tinta, sino con información, presiones cruzadas y siempre aparecen MILLONES DE RAZONES para hacerlo.
