Industria fueguina en alerta por la baja de aranceles a celulares: “Competir con China es muy difícil”

La nueva baja de aranceles a los celulares importados impulsada por el Gobierno nacional sacudió a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, provincia que dedicada gran parte de su producción al sector tecnológico bajo el amparo del subrégimen de producción industrial. La medida, que comenzó el año pasado, se profundizó esta semana, al oficializarse la reducción hasta el 0% del impuesto aduanero.

De acuerdo a datos de la administración fueguina, el sector emplea a 8.936 personas en la isla, de las cuales 7.045 están en electrónica. Unos 3.000 empleos (el 42% del rubro) se concentran en equipos telefónicos. Por eso, el escenario suscita una preocupación especial en territorio austral, donde la gestión de Gustavo Melella teme despidos y la emergencia situaciones de conflictividad.

Al respecto, la secretaria de Industria fueguina, Alejandra Man, advierte que «en todo el mundo es muy difícil competir con los productos chinos» y opina que no necesariamente habrá una baja en los precios. Anticipa, además, que el impacto concreto se verá a partir del segundo trimestre del año, pone el acento en la necesidad de diversificar la matriz productiva y advierten: «Hay mucho desconocimiento sobre los modelos productivos de Tierra del Fuego».

¿Cuál es la situación actual de la industria fueguina?

Alejandra Man: Estamos muy preocupados todos. Finalmente se implementó la segunda etapa el decreto 333/25, con la quita de aranceles a cero para la importación de celulares, que no deja de ser un producto que se fabrica en Tierra del Fuego. Estimativamente, son el 60% del volumen de fabricación que tenemos. En ese sentido, desde el gobierno de la provincia, junto con representantes sindicales y también del sector industrial, -porque nadie es ajeno a esta situación-, venimos manifestando mucha preocupación.

¿Cómo es el proceso de producción en las plantas de Río Grande?

A.M.: Siempre remarco algo que por ahí se desconoce, que es que el subrégimen de promoción industrial depende de la autoridad de aplicación nacional. Toda la cuestión de la normativa del Adicional 640 depende de definiciones políticas nacionales. Muchas veces, es muy difícil adaptarse en el corto plazo a este tipo de medidas. Dentro del subrégimen tenemos muchas empresas: plásticas, electrónicas, textiles y también algunas de agroquímicos. Hace muchísimos años hay muchas empresas arraigadas, en mayor proporción en el polo industrial de Río Grande, con larga trayectoria en fabricación de unidades terminales. Significa que ensamblan distintos componentes para la fabricación de productos electrónicos. Estos productos son aprobados mediante proyectos que define el Gobierno nacional. La fabricación de celulares en Tierra del Fuego es una definición del Gobierno nacional, que aprueba estos proyectos y que se aprobó en la prórroga del régimen.

¿Cree que hay una intención manifiesta del Gobierno de eliminar el régimen con estas medidas?

Si bien hay mucho desconocimiento sobre los modelos productivos de Tierra del Fuego, no creo que hoy se lo quiera eliminar. Hay formas de eliminarlo que serían mucho más simples. Sí veo que se pretende otro modelo que no tiene que ver con la industria nacional. Creo que en esta búsqueda de la competitividad hay un golpe muy grande a la industria, porque cambiaron las reglas en términos de costos asociados a la manufactura. Eso incide en la competitividad frente a la fabricación de productos importados chinos, con los que es muy difícil competir.

Precio final de los celulares

También hay desconocimiento del costo. El decreto 333, que supuestamente tiene la búsqueda de bajar el costo final del producto, no analizó por completo lo que queda en el costo. No es tan solo el costo de la manufactura. Después, cuando se analiza en profundidad, se entiende que hay otros costos en la cadena de distribución y comercialización; otros impuestos que se agregan, logística, costo de financiamiento y márgenes de ganancias. Todo esto es lo que hace al producto final. Cuando uno ataca a la producción local pensando que todo el costo está en la manufactura, eso es incorrecto. Ahí hay que hacer un desglose y entender dónde hay que achicar y mejorar puntos de competitividad frente a un escenario de importación. No es fácil adaptarse a estas nuevas reglas en tan poco tiempo. Hay que ajustar esto para que el cliente final pueda percibir una baja en el costo del producto.

El 31 de diciembre venció el acuerdo multisectorial para cuidar los puestos de trabajo. ¿Hay intención de promover otro pacto similar?

A.M.: Ese acuerdo se firmó entre sindicatos y empresas. La provincia propició un espacio de diálogo, pero no estuvo directamente involucrada. Ahora estamos en un periodo de vacaciones, con licencias. La medida se da en un momento excepcional del año, donde tenemos una baja productiva normal por las vacaciones. Hay que ver cómo regresan las empresas.

El gobernador Gustavo Melella está enfrentado a Nación. ¿Creen que se discrimina a Tierra del Fuego?

A.M.: No podría opinar en ese sentido. Creo que esto es una definición con el hecho de que el Gobierno nacional busca la competitividad y la baja del costo de los productos. Por cómo se dio este decreto, entiendo que fue eso. No sé si tiene que ver con algún tipo de discriminación política, entran otros aspectos en ese sentido. Ciertamente, el régimen de promoción industrial siempre genera ruido. Hay mucho desconocimiento sobre cómo se produce en Tierra del Fuego y qué significa. Desde la gestión de Gustavo Melella se viene avanzando fuertemente en la diversificación de la matriz productiva. Hoy se puede dar cuenta de que se hicieron acciones concretas, porque entendemos que la dependencia del régimen es muy frágil cuando las condiciones y las reglas las marca el Gobierno nacional.

Recientemente se aprobó la ley que habilita la instalación de salmoneras en la Isla.

A.M.: Finalmente se aprobó la ley de Acuicultura. Entendemos que es algo que eventualmente puede generar fuentes de trabajo. Por supuesto que es un proceso, nada es inmediato. Significa otra oportunidad de desarrollo productivo que creemos pertinente para la provincia por las condiciones que tenemos. Son procesos que van a llevar su tiempo, no es que la gente que quizás hoy queda afuera de la industria mañana va a estar trabajando en la acuicultura. Pero es una nueva oportunidad de desarrollar y diversificar la provincia.

No podemos quedarnos tan solo con el régimen de promoción. En ese sentido, estamos trabajando fuertemente en los sectores primarios, con el agregado de valor en los sectores agropecuario y forestal. Hay un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Producción y Ambiente, acompañando con financiamiento y asistencia técnica a las pymes. Ese es el motor de desarrollo económico de la provincia que necesitamos fortalecer para hacer frente a esta bajada productiva en la industria.

¿Tienen vínculo con Nación desde la Secretaría de Industria fueguina?

A.M.: Trabajamos a diario. Desde la Secretaria de Industria de la provincia somos autoridad de contralor del régimen, lo que significa que controlamos a diario a las empresas. Tenemos un trabajo más bien administrativo bastante rutinario con el Gobierno nacional. El subsecretario de Desarrollo Productivo Javier Carlenis no está más; tampoco Ornela Calvete, que era la directora nacional de Proyectos Estratégicos de Tierra del Fuego, con quienes veníamos trabajando en algunas cuestiones.

Si bien tenemos teléfono abierto con parte de la gente que quedó dentro de la secretaría, la verdad es que no hay respuesta del Gobierno de cómo va a seguir esto o sobre las posibilidades de hacer algunos planteos sobre sustitución de proyectos productivos, de pensar otros productos que se pueden hacer en Tierra del Fuego si no se pueden hacer celulares por esta nueva disposición, informó Ámbito.

Nosotros tenemos ideas para nuevos proyectos, ¿hay cabida? ¿Hay factibilidad de que podamos presentarlos? Ese canal tampoco está abierto. No sabemos si hay interés de Nación. Eso también depende mucho de las empresas. Es bastante complejo. El régimen depende del Gobierno nacional, entonces quedamos siempre muy acotados en nuestro margen de acción. Quedamos en un lugar muy complicado, porque como Estado tenemos que hacer frente a todo lo que la industria deja en este sentido.