IAPSER en alerta por el crecimiento desmedido de la litigiosidad laboral y su impacto sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo

El Sistema de Riesgos del Trabajo se encuentra bajo presión. En los últimos doce meses se acumularon casi 132.000 nuevas demandas, un récord histórico que amenaza la sostenibilidad del esquema, aun cuando los accidentes laborales continúan disminuyendo. Para las aseguradoras la situación es crítica y requiere una respuesta urgente.

Desde IAPSER,  entre otras aseguradoras alineadas dentro del sistema, sostienen que la situación requiere una intervención inmediata. Proponen como indispensable crear los Cuerpos Médicos Forenses en las provincias adheridas a la Ley de Riesgos del Trabajo, con peritos seleccionados por concurso, honorarios independientes del monto de sentencia y cumplimiento estricto del Baremo de Ley.

“El sistema cuando funciona como fue diseñado, es virtuoso: previene accidentes, salva vidas, acompaña al trabajador y repara el daño cuando ocurre. Pero hay un crecimiento desmedido e irrazonable de los juicios que está lejos de la realidad siniestral”, explicó Lisandro Rodríguez Signes, gerente de IAPSER ART. Según detalló, hoy el 90% de los casos se resuelve satisfactoriamente en su sede administrativa, con prestaciones médicas completas, pago de ILT, indemnizaciones y cobertura integral para familias en casos de fallecimiento.

Ese funcionamiento eficaz contrasta con la escalada judicial que enfrenta el sistema. La litigiosidad del año es un 5,1% superior a la de 2024, con un promedio de más de 11.000 causas mensuales a nivel nacional. Provincia de Buenos Aires concentra el 39% de las demandas; CABA registró un incremento del 8%; Santa Fe creció 26%; Chubut lidera con un 44%, y Entre Ríos ya suma un aumento del 20% anual.

Además del aumento de las demandas, otro problema que se presenta es la diferencia entre los montos que determina la Comisión Médica y lo que finalmente se fija en sede judicial. Esto representa una de las principales fuentes de desequilibrio, dado que las indemnizaciones y compensaciones también han incrementado de forma desproporcionada.

Mientras que en el sistema administrativo la incapacidad promedio es del 1,9%, con indemnizaciones cercanas a los $3.2 millones, en el ámbito judicial esa incapacidad se eleva artificialmente al 13,1%, llevando el costo a $27.7 millones. “No podemos permitir que se destruya un sistema que protege a más de 10 millones de trabajadores. Necesitamos reglas claras, pericias serias y un marco de racionalidad que garantice previsibilidad para todos”, subrayó Rodríguez Signes.

“Estamos frente a una brecha de más de 11 puntos que no tiene sustento técnico», advirtió Rodríguez Signes, y añadió «lo más grave es que 9 de cada 10 casos que llegan a la justicia son expedientes donde la Comisión Médica no detectó incapacidad o determinó que la patología no era laboral, y aun así la justicia termina otorgando incapacidad en 9 de cada 10 sentencias”.

Un impacto directo en empresas, empleo y competitividad

La litigiosidad creciente repercute en la economía real. El incremento de costos judiciales presiona de manera directa las estructuras de las aseguradoras y, en consecuencia, la economía de las empresas a través de las alícuotas.

En el caso de IAPSER, la carga judicial ya representa el 52% del costo operativo, una proporción que el gerente de ART calificó como “insostenible”. Mientras la alícuota promedio es actualmente del 2,8% de la masa salarial, las proyecciones técnicas indican que, bajo el escenario actual, debería ascender al 5,15%, un aumento que golpea a PyMEs, industrias y comercios.

«Este incremento del costo laboral no es solo un número en un balance: afecta directamente a industrias, comercios y PyMEs, desincentivando la contratación y golpeando la fuente laboral, lo que se traduce en mayor desocupación y menos ingresos para los hogares argentinos.» señaló Rodriguez Signes y añadió: “Estos números no son abstractos. Cuando los costos crecen de manera irracional, se frena la contratación, aumentan los cierres y se pone en riesgo el empleo de miles de trabajadores”.

Para la aseguradora entrerriana, la sostenibilidad del sistema es inseparable del bienestar del trabajador y de la realidad económica del país. “Sin prevención, no hay seguridad. Pero sin un esquema judicial equilibrado, tampoco hay sistema que resista. Y eso perjudica a trabajadores, empleadores y aseguradoras por igual”, manifestó Rodríguez Signes.

«La solución requiere voluntad política y judicial para implementar soluciones concretas que ya hemos propuesto: la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses con peritos seleccionados por concurso y honorarios desacoplados del monto de la sentencia, y el respeto irrestricto al Baremo de Ley para la valoración de daños entre otras medidas» concluyó el gerente de IAPSER ART.

Comparación internacional y asimetrías judiciales

La disparidad no solo está en los montos, sino también en los resultados. Mientras en España las aseguradoras obtienen sentencias favorables en el 72% de los casos, en Argentina ese porcentaje cae al 12%. Esto ocurre a pesar de que el sistema argentino contempla el 100% del salario, indemniza todas las incapacidades y cubre contingencias que en otros países no están contempladas.