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Realizaron 4 allanamientos en una causa por presunta administración fraudulenta en Vicentin
Estas acciones forman parte de una investigación que está llevando a cabo el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la causa por supuesta asociación ilícita y estafas millonarias contra el ex directorio de la agroexportadora santafesina.
En la madrugada del pasado 22 de diciembre, agentes de la justicia llevaron a cabo requisas en la sede principal de Vicentin en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Además, se focalizaron en un domicilio denunciado como la sede social de una sociedad vinculada a uno de los imputados y en dos residencias particulares ligadas a personas bajo investigación, según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Estos allanamientos son el resultado de nuevas denuncias que ingresaron a la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, donde el fiscal Miguel Moreno estuvo persiguiendo la pista de una presunta administración fraudulenta. Cabe destacar que las denuncias provienen directamente de los accionistas de Vicentin, quienes decidieron dar un paso al frente en medio de la situación que atraviesa la agroexportadora.
Este último capítulo en la saga legal de Vicentin agrega más incertidumbre al futuro de la empresa, que ya se encuentra en una delicada situación financiera. La sociedad, que alguna vez fue un gigante en el sector agroindustrial argentino, ahora enfrenta no solo problemas económicos sino también una creciente lista de cuestionamientos judiciales que amenazan con arrojar luz sobre prácticas administrativas controvertidas. La incógnita que se cierne sobre Vicentin persiste mientras la justicia continúa desentrañando los entresijos de esta trama empresarial.
En este contexto, las presentaciones realizadas en octubre pasado llevaron al fiscal Moreno a considerar que existían elementos para investigar un presunto fraude administrativo por parte de los directivos de la empresa hacia sus propios socios.
Las imputaciones realizadas por el fiscal en 2021 involucraron a 12 directivos de Vicentin
En octubre de 2021, el fiscal Moreno imputó a 12 directivos de la agroexportadora por “defraudación y estafas”, bajo el argumento de que habían falsificado datos en los balances de Vicentin SAIC antes de su declaración de concurso en marzo de 2020.
En ese momento, fueron formalmente acusados los directivos Daniel Buyatti; Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Omar Scarel; Javier Gazze y Miguel Vallaza. Estos directivos ocupaban el directorio de Vicentin SAIC hasta finales de 2019, cuando la empresa alegó “estrés financiero” y se declaró en cesación de pagos.
En tanto, Moreno les atribuyó 37 hechos de estafa cometidos entre enero de 2017 y diciembre de 2019 mediante “la utilización de un plan de puesta en escena de empresa solvente de Vicentin, destinado a generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”. En la misma línea, Moreno calculó el perjuicio económico para los bancos nacionales en aproximadamente U$S500 millones.
Un año después, el fiscal amplió las imputaciones involucrando a nuevos sospechosos
Al año siguiente, el fiscal amplió esta acusación agregando el delito de asociación ilícita e involucró en el caso, por presunto encubrimiento, a los tres miembros de la sindicatura del concurso.
Asimismo, los allanamientos realizados tienen como objetivo obtener información sobre una presunta administración fraudulenta, en respuesta al pedido de accionistas de Vicentin que se consideraron estafados por el directorio y solicitaron constituirse como querellantes en el caso.
Luego de presentar su solicitud de concurso preventivo de acreedores en febrero de 2020, el juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, inició el proceso en marzo y verificó créditos impagos por aproximadamente U$S1500 millones.
Posteriormente, tras un prolongado proceso, la empresa presentó una propuesta de pago y buscó su homologación por parte del juzgado. Sin embargo, el titular del juzgado la rechazó por considerarla abusiva y abrió el período de cramdown o salvataje.
A pesar de esto, los abogados de Vicentin apelaron la decisión, y la Cámara Civil y Comercial de Reconquista deberá decidir si confirma el fallo de primera instancia u homologa el acuerdo de pago propuesto por la aceitera. La resolución final se espera para febrero del próximo año, después de la feria judicial de enero.
