El Gobierno quiere que las provincias y los privados se pongan al frente de las inversiones en infraestructura

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Como parte del ajuste para llevar el déficit público de este año del 3,2% a 2,7% del PBI, el Gobierno dispuso un recorte de $30.000 millones en las partidas destinadas a la obra pública, un monto equivalente al 15% del presupuesto destinado por la Nación para estas inversiones. Además del impacto directo sobre los arcas públicas, el recorte se hará sentir sobre la actividad, que en el último año encontró en la construcción a uno de los drivers pricipales del crecimiento. Para 2018, las consultoras ya están bajando la estimación de expansión de la actividad del 3% original a menos de 2%.

En gastos de capital, el plan de infraestructura nacional es de $185.000 millones. Desde el Ministerio de Interior, que tiene a su cargo el manejo del 30% de los fondos de esta área, aseguran queel recorte no afectará a las obras que ya están contempladas en el presupuesto 2018. “Los $30.000 millones corresponden a partidas para obras nuevas que aún no estaban especificadas. Pero no vamos a usar ese dinero este año”, contaron desde la cartera que dirige RogelioFrigerio.

“A partir de ahora, la presencia del Estado va a estar en las obras más grandes; en las más chicas deberían tener más participación las provincias ya que, por el aumento de las transferencias automáticas, cuentan con más recursos”, aseguran. En el primer trimestre, los ingresos reales de las provincias aumentaron 8%. “Necesitamos la participación mucho más activa del sector privado en la construcción, la obra pública es el 25% de la torta. No se pueden bancar estos niveles de crecimiento solo desde el Estado”, aseguran, en referencia a las tasas a las que venía moviéndose el sector de la construcción, con una expansión interanual del 14% en el primer trimestre. Aunque la letra chica del acuerdo que el Gobierno está tejiendo con el Fondo Monetario aún no se conoce, se da por hecho que los tecnócratas del organismo multilateral pondrán el foco sobre los gastos de capital, que son más flexibles a la baja en un presupuesto en el que el 70% de las erogaciones corresponden a salarios, asignaciones sociales y jubilaciones.

Hasta ahora ni desde los despachos oficiales ni desde el sector privado quieren dimensionar hasta dónde llegaría ese recorte adicional que impulsará el Fondo.

Desde la Cámara de la Construcción aseguran que están a la espera de definiciones. “El recorte es del 15% de la inversión del año. Estamos esperando reuniones que se harían la semana que viene con los ministros del área para profundizar estos temas”, cuenta Gustavo Weiss, presidente de la entidad. “Hasta el momento seguimos creciendo, tomando empleo, batiendo récords de algunos insumos. Esperamos para este año un crecimiento entre 6 y 8%. Hasta la semana pasada teníamos esta proyección, aún no tenemos nuevas estimaciones, todo esto es muy reciente y está todo en análisis. Para opinar seriamente tendría que ver qué es lo que dice el Fondo”, desliza. El empresario señala que la suba del dólar más el anuncio de la negociación del crédito stand by con el Fondo modifican el panorama. “En el ámbito privado, si hoy alguien tiene que tomar una determinación seguramente estará esperando que todo esto se tranquilice y, en la medida que eso ocurra, continuará adelante con los proyectos. Si se siguiera recortando obra pública, nuestro sector tendría un problema, sin duda. Pero no hay que apresurarse, hay que esperar las medidas reales”.

El economista MartínRavazzani, de Ecolatina, indica que el ahorro de $30.000 millones equivale a 0,2% del PBI. “En términos globales, consideramos que el recorte de la obra pública, más otros factores como la sequía o la retracción del consumo derivada de la aceleración inflacionaria, afectarán a la baja el nivel de actividad. Nuestra estimación de crecimiento del PBI fue recortada de 2,5% a 1,8%”.

No veo una recesión en el sector de la construcción, pero sí una ralentización”, dice Jorge Vasconcelos, del IERAL. “Si el tipo de cambio se estabiliza y el riesgo país cae, bajarían los costos de la construcción medidos en dólares. Si a la vez el crédito se mantiene bajo el sistema UVA, uno podría pensar que el sector privado podría compensar parcialmente parte del efecto de la retracción de la obra pública”.

Para el IERAL, “la construcción evidenciará también una desaceleración debido a la fuerte volatilidad del dólar, el incremento en las tasas de interés y la ralentización esperada en la obra pública como consecuencia del ajuste fiscal anunciado”.

“El segundo y el tercer trimestre van a ser flojos, pero en el cuarto podría haber un efecto rebote”, indica Vasconcelos. A partir de este escenario entrarían en acción nuevos drivers: por un lado, las inversiones en construcción por parte de los sectores beneficiados por el nuevo tipo de cambio y por el otro, las exportaciones que podrían crecer fuerte hacia fin de año. “Puede haber impacto positivo en sectores exportadores o sustitutivos de importaciones, de la mano del reacomodamiento del tipo de cambio real”, señala el IERAL.

Fuente: Clarin.


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